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Convencidos de que la libertad de expresión es un derecho fundamental que permite al ser humano en lo personal y en lo colectivo el desarrollo de sus capacidades e inteligencia, beneficiando la creatividad, el surgimiento de nuevas ideas y adicionalmente  como puente entre gobernantes y gobernados, se convierte en el soporte...
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Acerca de nosotros Que hacemos Defensa de la Libertad de Expresión Académica Política Relación con Asociaciones, Instituciones y Organismos Profesionales de la comunicación y Medios de Comunicación
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Asesoría

Beneficios para México:
Involucrar a la comunidad académica mexicana como un actor social trascendente que valore la libertad de expresión como un patrimonio colectivo que merece ser reconocido, ensanchado y valorado.

Consulta No. 41

Hace más de una década la televisión abierta, en México, perdió la brújula de lo que es el entretenimiento. El lenguaje soez, sexo y violencia son los ingredientes cotidianos de todos y cada unos de los programas que ofrecen televisa y tv-azteca a su auditorio. ¿Es posible jurídica y legalmente, sin que se viole la libertad de expresión; hacer una legislación más efectiva y sin censura para que la televisión cambie en este sentido?
Respuesta
La ley de radio y televisión fue publicada desde los sesenta y la reforma del 2006 acabó en la polémica resolución de la Corte que hecho marcha atrás a la llamada “ley televisa” sin que hasta la fecha, salvo en materia electoral, se actualicen la mayoría de sus disposiciones. Cabe destacar que los supuestos de incumplimiento son adecuados, la insuficiencia se presenta en las sanciones que se fijaron en cantidades en vez de en número de salarios mínimos con lo cual sale más barato incumplir la ley que cumplirla, lo cual permite los excesos que en una falsa apreciación de la libertad de expresión se presenta. Un pendiente legislativo más que no encuentra justificación en su retraso sobre todo con los avances y propuestas que se trabajaron desde el grupo plural y que se quedaron en el tintero.

Consulta No. 40

El resultado de una evaluación del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), realizada para calificar la apertura en la información de los presupuestos en las entidades del país, el DF obtuvo en 2009 el 46.5% de transparencia, mientras que el año pasado 61.9%. Entonces, el DF es menos transparente a diferencia del año pasado. ¿Qué es lo qué sucede, no debería de ser al contrario el resultado? ¿Qué factores influyeron para el retroceso en la materia en el DF?
Respuesta
Siempre que se realizan monitoreos es muy importante que se transparente la metodología para tener certeza de que no se están inventando datos. Las preguntas lógicas que uno debe hacerse en estos casos son: quién hizo el monitoreo, quién lo pagó, cuál es el margen de error, cuál fue la población a la cual se aplicó, si en verdad el resultado es representativo para afirmar una tendencia y si el monitoreo fue idéntico entre un año y otro para ver la comparación. Con esos datos se puede inferir la seriedad del estudio y sobre esos resultados si es importante ver en qué áreas es donde bajó la calificación del DF y que pasa si en el inter se aprobó una ley de calidad mejor que la anterior.

Consulta No. 39

La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) prepara para el mes de diciembre una base de datos que será pública con los nombres de las personas con órdenes de aprehensión por delitos menores, a fin de que los ciudadanos puedan consultarla y acudir de manera voluntaria a solucionar su caso.
¿Es legal que se exponga en internet en una base de datos ese tipo de información (aunque se trate de delitos no graves), se pondría en riesgo la reputación de un individuo?
Respuesta
Es delicado el manejo que se le puede dar a esa información, en este caso se puede establecer un candado en donde tenga acceso sólo el interesado con una clave en donde si aparece en esa lista si pueda revisar su caso sin ver la de los demás, sobre todo porque no hay que olvidar que en este caso aún no es cosa juzgada su situación y pudiera indebidamente estársele imputando un delito en donde finalmente quedará absuelto. La autoridad debe prever esta situación a efecto de que cumpliendo su objetivo no se afecten otros derechos.

Consulta No. 38

¿El Área de Comunicación Social de una dependencia gubernamental puede crear una radio comunitaria, utilizar las redes sociales o TV por internet para difundir las acciones de gobierno? ¿Cuáles se pueden y cuáles no?
Respuesta
Hay que diferenciar a los medios estatales de los medios públicos, en este caso por la naturaleza y los fines que persigue hay que tener cuidado de que el abrir una señal se convierta en una forma de propaganda oficial más que de un fin de interés público.

Consulta No. 37

¿Qué sucede en caso de que se requiera información trascendental de sujetos no obligados a transparentar su información, como es el caso del Sindicato de PEMEX?. La pregunta se piensa bajo la suposición de que la trascendencia de la información requerida pudiera tener un impacto fundamental en la escena nacional. ¿En algún país del mundo los partidos políticos están obligados a transparentar información?
Respuesta
La transparencia sindical es un tema pendiente en materia de transparencia y acceso a la información. En la medida de que reciben dinero público si se debe saber las cantidades que se van a ese fin sin que ello implique meterse en la vida sindical. El sindicato de PEMEX en especial tiene antecedentes de amparos interpuestos para evitar que la propia paraestatal (que es sujeto obligado de la ley) abra información sobre el recurso que destina al sindicato, con precedentes desafortunados en donde se les ha concedido al sindicato. En principio esto no nos llamaría la atención a no ser por los escándalos que en materia electoral se han presentado por la supuesta desviación de fondos de los sindicatos a las campañas.
México tiene a los partidos políticos como obligados indirectos a los partidos políticos, para ejercicios legislativos lamentables está el dictamen de la cámara de senadores en donde al reformar el artículo 6 constitucional usó más de quince páginas para justificar porque los partidos políticos no debían ser transparentes.

Consulta No. 36

Cuando realizas una entrevista a una o varias personas dentro de un manicomio o cárcel, ¿Qué se tiene que hacer para que te cedan los derechos, excepto los morales? ¿Sucede lo mismo para un documental o noticiero?
Respuesta
En el caso de la cárcel se pueden difundir información que sea de interés público respetando los derechos de personalidad de los que participan en las entrevistas y en su caso, incluso por protección, borrar su imagen sino es indispensable para comunicar lo que se pretende. En los manicomios dada la incapacidad legal para dar un consentimiento por parte de los internos se debe tener cuidado de que no haya responsabilidades que hagan valer sus familiares y obtener los permisos administrativos de las autoridades que resguardan estos lugares.

Consulta No. 35

¿El derecho a la información es aplicable a quienes laboran en áreas de prensa o comunicación de alguna dependencia de gobierno -cualquier nivel- o institución educativa que ejerce gasto público y por lo tanto debe dar cuenta de sus acciones o solamente se ejerce el derecho de informar?
Respuesta
Conforme al espíritu de las leyes de transparencia y acceso a la información toda persona que ejerza actos públicos y actos de autoridad está obligado a rendir cuentas y ser sujeto del escrutinio público de tal suerte que conforme a la ley deberá tener información de oficio disponible sin que medie solicitud así como responder de manera fundada y motivada las solicitudes de acceso en función del tipo de información que se requiera ya sea concediendo el acceso, reservándola temporalmente conforme a derecho o requiriendo se identifique de tratarse de datos personales.

Consulta No. 34

¿Qué se requiere para legislar la distribución equitativa de la publicidad oficial para evitar que sea un mecanismo de censura?
Respuesta
Se puede contestar con dos palabras: voluntad política. Este pendiente se ha señalado desde hace tiempo, existen estudios y propuestas que se pueden discutir a efecto de evitar que la publicidad se convierta en el premio o castigo que el gobierno indebidamente emplea de manera discrecional en el ejercicio de recursos públicos.

Consulta No. 33

Los 17 indicadores jurídicos y su relación con alguna ley de medios. ¿De qué manera se aplican para casos concretos, como se interrelacionan, sino quedan en el campo enunciativo?
Respuesta
Los indicadores legales para el acceso a la información lo que evalúan es la calidad de contenidos en las leyes de transparencia y acceso a la información pública de nuestro país. Ya respecto a una ley de medios tenemos que entrar al campo del derecho a la información y la libertad de expresión a efecto de ver que modelos favorecen la pluralidad de expresiones, evitan los monopolios y equilibran los alcances y límites de este derecho. Lo ideal en todo sistema jurídico es que no se quede solo en buenas intenciones plasmadas en letra muerte sino por el contrario se logre la eficacia, en parte concretizada por la legitimidad de sus contenidos.

Consulta No. 32

¿Cuál es su opinión sobre que el IFAI a petición de un ciudadano resolvió ordenar al CISEN revelar qué estudian (materias y talleres impartidos) los futuros agentes en la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional, pero ratifica que se reserven datos sobre el personal docente, perfil de alumnos y manual interno? ¿Es esto una muestra de los avances en materia de Acceso a la Información en México?
Respuesta
Lo anterior es un ejemplo de las posibilidades que se ofrecen a través del acceso a la información en donde en este caso se equilibra el acceso a aquella información que permite saber cómo se gestiona en materia de educación y actualización del CISEN y por otra evita que se abra información que por su naturaleza pudiera tener un factor de riesgo para los que intervienen en ese proceso. Lo importante en este caso es ver la forma en que el IFAI fundó y motivó la reserva del acceso a cierta parte de información para la certeza jurídica de sus fallos.

Consulta No. 31

La víspera, en Argentina se convirtió en ley el examen obligatorio de ADN en investigaciones relacionadas con delitos de lesa humanidad. ¿Sería ético llevar a cabo investigaciones periodísticas y difundir los resultados de ADN, aunque sean datos personalísimos, que permitan localizar e identificar a los niños nacidos en cautiverio durante el régimen militar, sin importar las repercusiones que pudiera ocasionar en los sujetos involucrados?
Respuesta
Estos son temas frontera en donde se deben precisar los alcances de permitir este tipo de prácticas, en las tendencias contemporáneas del derecho se hace una ponderación en los casos concretos sobre cuál de los derechos vale más (nunca de manera abstracta) en este caso se debe valorar el impacto de la legislación, los objetivos que persigue, los otros derechos que pueden ser afectados y ver a cuál se le dará mayor relevancia en función de los objetivos perseguidos. Aunque hay que evitar la tentación de que por falta de valoración del impacto legislativo se impacten otros derechos por no prever el impacto que una ley tiene en la coexistencia de ellos.

Consulta No. 30

En el periódico El Universal hay una columna llamada Bajo Reserva, elaborada con aportaciones de periodistas y colaboradores del diario previamente verificados, según se acota en la edición impresa. Cuando se publica información imprecisa, en columnas sin autor específico como ésta, ¿Cómo se ejerce el derecho de réplica? ¿A quién se reclama? ¿Quién está obligado a aclarar o corregir la información errónea?
Respuesta
En este caso el editor y los representantes legales del periódico deben atender cualquier derecho de réplica a efecto de que en la secrecía del pseudónimo no se convierta en una forma ambigua de identificación que evite el que se pueda ejercer este derecho. Cabe recordar que el derecho de réplica fue reconocido recientemente en la constitución y ahora falta una adecuada legislación que haga efectivo este derecho sin que se convierta en una forma de obstaculizar el ejercicio responsable de la libertad de expresión.

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